COMUNIDADES MAPUCHE Y GRUPOS LOCALES AMENAZADOS EN SU TERRITORIO POR SN POWER

por Gabriela Lecaros
Egresada de Antropología, UACH

El pasado jueves 31 de enero, se reunieron en la pampa de Carririñe más de 400 personas, entre comuneros mapuche, organizaciones locales y sociedad civil, con el propósito de presentar un quórum representativo en rechazo a los proyectos hidroeléctricos de la empresa Noruega SN Power, dado que su representante señaló en Oslo en diciembre que de lograrse dicho quórum de oposición, respetarían a las comunidades y retirarían sus proyectos del territorio definitivamente.

Luego de una intensa agenda en donde todas las entidades amenazadas por dichos proyectos fundamentaron su postura, el ejecutivo de SN Power para Latinoamérica, Nils Huseby [en la foto], tras simplemente eludir el tema de fondo y responder con ambigüedades, expresó que pese a la oposición de todas las comunidades territoriales en cuestión, continuarán con el proyecto hidroeléctrico, no restituirán los derechos de agua a las comunidades, y dio por cumplido el acuerdo de diálogo y respeto a las comunidades, con el simple hecho de efectivamente concurrir a la reunión pactada en Oslo, para sencillamente decir “no detendremos el proyecto, pero cumplimos con estar aquí presentes hoy, para escucharlos”. Luego de negarse a firmar el acta de la reunión, Huseby y sus acompañantes se retiraron del lugar bajo un clima de descontento e indignación de las comunidades presentes, con las mismas sonrisas prepotentes que llegaron, reafirmando que las autoridades indígenas, así como un quórum representativo de oposición al proyecto, no son relevantes para ser tomados en consideración por la empresa SN Power.

Como el mismo Huseby expresó, la legislación chilena -con sus vacíos legales y su no ratificación del convenio 169 de la OIT-, no protege a las comunidades ni respeta los derechos humanos, como es el derecho a la autodeterminación de los pueblos, así como el derecho a la libertad. De esta manera, SN Power se aprovecha de un panorama nacional legalmente funesto para los pueblos indígenas, para violentar la dignidad de las comunidades en sus propios territorios, una vez más invadiéndolos bajo el ya conocido lema de “el progreso y desarrollo”, apropiándose de los recursos naturales existentes en territorios indígenas, poniendo en peligro el medioambiente y la biodiversidad única del territorio, así como a sus habitantes, quienes mantienen una relación material y simbólica con el territorio, gracias a la cual la cultura mapuche se ha mantenido y reproducido durante siglos en armonía. SN Power mostró finalmente su propósito de violentar y poner en peligro a las comunidades mapuche, grupos locales y a la Ñuke Mapu.

Para los pueblos indígenas, el concepto de territorio va mucho mas allá del concepto de tierra, ya que incluye los elementos del entorno natural, como son los bosques, aguas, subsuelos, cerros, quebradas, ríos, lagos, mar, flora y fauna. Para las comunidades indígenas no existe una separación entre tales elementos, ya que en relación al hombre y la mujer forman un todo armónico.

En la visión mapuche, los elementos son entendidos como una gran cadena en la cual todos los eslabones están relacionados, de esta manera lo que le suceda a uno de los elementos repercutirá y traerá consecuencias a los demás.

Por esto, para los pueblos indígenas “defender el territorio, es defender la vida”, no sólo la vida material o física, sino también la espiritualidad indígena, punto de origen de su cosmovisión. En el caso del pueblo Mapuche, se hace alusión al mito de origen de Kai Kai y Treng Treng, los equilibrios de las fuerzas de la naturaleza que dan origen al este pueblo.

De esta manera, la importancia del territorio así como de los elementos que lo componen son vitales para la existencia del pueblo mapuche, ya que además es el espacio donde vive y de donde proviene ancestralmente.

El territorio constituye un espacio físico, bajo influencia cultural y control político de un pueblo, de esta manera ejercer el derecho al territorio permite acceder colectivamente a sus recursos y controlar los procesos sociales, políticos y económicos que ocurran en ese territorio, así como el derecho a administrar su propia biodiversidad. Los títulos de propiedad que otorga el Estado chileno actualmente, priva a los pueblos indígenas del derecho a los recursos del subsuelo y del derecho a administrar su propia diversidad, pero sí los amparan los convenios y ratificaciones internacionales para los pueblos indígenas, como es el caso de la Naciones Unidas, en donde el Relator Especial de la ONU Rodolfo Stavenhagen, en las recomendaciones al gobierno de Chile (2004) señaló “en todo proyecto de desarrollo que se contemple en sus regiones y territorios, los indígenas deberán ser consultados previamente, como dispone el Convenio 169 de la OIT, y sus opiniones y el respeto de sus derechos humanos deberán ser tomados en consideración por la autoridades y empresas ejecutoras en todas las etapas de dichos proyectos. Las comunidades indígenas deberán estar asociadas activamente a todas las decisiones sobre proyectos de desarrollo contemplados en sus regiones y territorios”.

Hoy estamos frente a una nueva situación en la cual se violan los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades del Valle de Coñaripe, así como el derecho a ser consultados en las decisiones que los afecten, amenazando su existencia, y destruyendo la dignidad de un pueblo que está siendo privado de sus derechos elementales, así como de la capacidad de decidir sobre su territorio.